Las Empresas telefonicas conocen y ocultan los Efectos Enegativos de la radiacion

REPORTAJES
NÚMERO 92 / MARZO / 2007
   LAS EMPRESAS TELEFÓNICAS CONOCEN Y OCULTAN LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS RADIACIONES y
 
Los daños que las radiaciones electromagnéticas producen en nuestra salud están científicamente demostrados. Y las compañías eléctricas y de telecomunicaciones lo saben desde hace años. Así lo demuestra, por ejemplo, una póliza de seguros que ya en el año 2001 suscribió Airtel (ahora Vodafone) en la que se reconocía que el electromagnetismo puede causar hasta la muerte. Algo que también reconocería públicamente Javier Aguilera siendo Consejero Delegado de Telefónica Móviles en un documental titulado Contracorriente que fue inmediatamente censurado en Televisión Española (TVE). Es más, el lobby de las telecomunicaciones, preocupado porque se sepa la verdad sobre los efectos del electromagnetismo, espía y acosa a los científicos que trabajan con criterios éticos estos asuntos.

Durante los últimos años la industria de las telecomunicaciones –al igual que la eléctrica- ha realizado un ingente esfuerzo para minimizar -cuando no directamente ocultar- los efectos de las ondas electromagnéticas en la salud. Sin embargo gracias a los trabajos de numerosos investigadores independientes hoy puede afirmarse que está científicamente demostrado que las ondas electromagnéticas causan graves daños. Hace sólo tres meses -en el número 89- esta revista publicó ya un artículo titulado El peligro para la salud de los campos electromagnéticos está científicamente demostrado en el que se daba a conocer un nuevo trabajo del catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada Darío Acuña Castroviejo que relaciona claramente la influencia en el sistema endocrino de las radiaciones electromagnéticas y se exponían las patologías asociadas a ellas. Siendo una de las conclusiones que las ondas electromagnéticas generadas tanto por las corrientes eléctricas como por las microondas (telefonía, telefonía móvil, radiofrecuencias, telefrecuencias, radares civiles y militares, etc.) “interfieren y distorsionan el funcionamiento normal del organismo humano”. Los principales efectos perjudiciales de esta tecnología -que según Acuña Castroviejo la literatura científica ha analizado con suficiente rigor metodológico- son trastornos neurológicos, cardiopulmonares, reproductivos, dermatológicos, hormonales e inmunológicos además de incrementar el riesgo de cáncer. Casi nada.

En ese mismo artículo se mencionaba también otro trabajo realizado en nuestro país en el año 2003 por un grupo de investigadores valencianos –Enrique Navarro, Manuel Portolés, Claudio Gómez Perretta y Segura- que se publicó en Electromagnetic Biology and Medicine sobre la existencia del Síndrome del Microondas en España. Y en él se relacionarían por primera vez síntomas como los enunciados con la intensidadde la radiación microonda que llegaba a los dormitorios de los vecinos cercanos a una instalación de telefonía móvil. El estudiocomparó la incidencia de esos síntomas entre personas que vivían a una distancia de entre 100 y 300 metros de una estación base de telefonía móvil demostrando que el riesgo aumenta entre un 32 y un 45% según el grado de cercanía.

PROTEGERSE DE LOS CIUDADANOS

Es evidente, en suma, que las radiaciones electromagnéticas influyen de manera negativa en la salud y las compañías eléctricas y de telecomunicaciones lo saben... aunque lo nieguen ya que eso les permite no tener que aplicar el Principio de Precaución previsto por la legislación en casos de duda.

En el caso de la industria de las telecomunicaciones sus responsables niegan que la tecnología móvil produzca perjuicios en la salud argumentando que no existen estudios “concluyentes” sobre ese aspecto... pero no dicen la verdad. Y por si alguien lo duda aún he aquí un significativo ejemplo: Airtel Móvil -hoy Vodafone- suscribió entre el 31 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 2002 una Póliza de Responsabilidad Civil con la aseguradora española Royal & Sunalliance (número 451.434) y en ese documento se excluyen precisamente los posibles daños por contaminación electromagnética. De hecho en la cláusula nº 19 se dice expresamente que la póliza no asegura “daños personales, enfermedad, incapacidad de cualquier tipo, muerte, enfermedad mental, angustia mental, dolor mental o físico, o cualquier síntoma mental o físico causado o supuestamente causado o contribuido por el uso continuado de teléfonos móviles”. La póliza fue aportada por Airtel durante el procedimiento 1005/2001 que se siguió en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pleito que fue interpuesto por esa empresa contra la Ordenanza sobre Estaciones Base de Telefonía Móvil del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba). Sólo que al suscribir semejante seguro Airtel y su aseguradora estaban reconociendo implícitamente que las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas y aparatos de telefonía móvil sí pueden causar daños en la salud. Cuando nos pusimos en contacto con Vodafone para comentarla, Mamen Rodrigo nos aseguraría en nombre de la empresa: “Nosotros no conocemos esa cláusula. Los seguros actuales de Vodafoneno recogen ni esa cláusula ni ninguna otra de características similares”. Y a continuación nos remitiría a instituciones como el Ministerio de Sanidad y Consumo, la Asociación Española Contra el Cáncer o su propia página web para que nos informáramos de “la no existencia de efectos nocivos en nuestra salud debido a radiaciones electromagnéticas”. La cantinela de siempre.

Solo que en la citada póliza figura claramente que Airtel Móvil pertenecía en aquellas fechas al grupo Vodafone. Así que, ¿por qué se protege esa compañía de una tecnología que según ella es inocua para la salud? Porque las dolencias que se incluyen en la póliza coinciden en lo básico con las que numerosos científicos relacionan con los efectos del electromagnetismo.

Incluso los tribunales están ya dando la razón a quienes emiten señales de alarma pese a que sus decisiones pasan prácticamente desapercibidas en los medios de comunicación. Una sentencia histórica del Tribunal Supremo declaró firme hace tiempo otra de la Audiencia Provincial de Murcia sobre los posibles efectos negativos de la contaminación electromagnética en la salud humana. Tribunal que exigiría a las operadoras aplicar el Principio de Precaución siendo desde entonces pues las compañías eléctricas y de telecomunicaciones las que tienen que demostrar que su tecnología es inocua para la salud.

INVESTIGADORES ACOSADOS

En suma, pese a que las empresas saben perfectamente -desde hace muchos años- que las radiaciones electromagnéticas pueden tener efectos perniciosos difunden constantemente el mensaje de que se necesitan más estudios, que “es necesario seguir investigando”. Quieren ganar tiempo... pero no tienen intención de hacerlos. Lo demuestra que hasta la fecha el interés en efectuar análisis epidemiológicos es tan escaso que en todo el mundo se han hecho ¡tres! Y, sin embargo, existen ¡más de 20.000 páginas! sobre los efectos negativos de las radiaciones y una enorme cantidad de literatura científica. Por otra parte, la mayor parte de los análisis que se realizan sobre contaminación electromagnética... ¡los financia la propia industria! lo que implica que sus resultados están controlados por ella. ¡Poderoso caballero es Don Dinero!

Los lobbies de las telecomunicaciones presionan también para que los resultados de los trabajos de los científicos independientes no se conozcan así como para que no continúen con sus investigaciones ya que pueden poner en peligro sus intereses. Y la pregunta es simple: si las radiaciones electromagnéticas no son perjudiciales, ¿por qué las compañías actúan así?

El Centro de Investigación Alonso de Santa Cruz que dirige en Alcalá de Henares (Madrid) el doctor José Luis Bardasano realizaba numerosos trabajos y organizaba reuniones de alto nivel sobre la contaminación eléctrica y magnética... hasta que, misteriosamente, fue clausurado en noviembre de 1999. Otro tanto le ocurrió en enero del 2002 al finado investigador francés, pionero en investigación sobre Electromagnetismo, Roger Santini. Y en el año 2000 el doctor Claudio Gómez Perretta, responsable del Centro de Investigaciones del Hospital Universitario La Fe de Valencia y uno de los investigadores más prestigiosos sobre electromagnetismo, fue conminado por la gerencia del centro a dejar de investigar sobre el efecto en la salud de los campos electromagnéticos. Los responsables del hospital esgrimieron como argumento que no estaba “acreditado” oficialmente para realizar dichos análisis. Muletilla que desde entonces ha utilizado la industria para descalificar su trabajo científico. Dándose la circunstancia de que el Centro de Investigación adscrito al Hospital Universitario La Fe en el que trabaja Gómez Perretta es una entidad pública cuya política sanitaria debería ser proteger la salud de la ciudadanía y no a la industria. El doctor, por su parte, asegura que dirigió sus investigaciones “a los campos electromagnéticos provenientes de las estaciones de telefonía móvil o del propio teléfono móvil porque suponen por su expansión un hipotético problema sanitario de difícil previsión que requiere la máxima atención por parte de las autoridades sanitarias”.

Qué duda cabe de que apartar de ese trabajo a Gómez Perretta fue una de las “victorias” más importantes del lobby empresarial. Porque como bien explicaría el periódico Levante-EMV “en la comunidad valenciana únicamente el Instituto de la Electricidadde la Universidad Politécnica de Valencia, que recibe ayudas de la empresa hidroeléctrica Iberdrola, realiza mediciones e informes de este tipo aunque previo pago de los correspondientes honorarios”. Es decir, el lobo se vigila a sí mismo.

ORDENADOR PIRATEADO

También el científico Manuel Portolés -bioquímico y compañero de Gómez Perretta en el Hospital Universitario La Fe- sería presionado por las compañías telefónicas debido a sus investigaciones y a la posterior divulgación de los resultados. Telefónica, por ejemplo, intentó denunciarle en el 2004 por unas declaraciones suyas que recogería la prensa de Lérida tras una conferencia que fue invitado a pronunciar en la Fira de la Natura organizada por Comisiones Obreras. Y es que en ella insinuó que la mayoría de los medios de comunicación, presionados por la industria, ocultaban las noticias negativas sobre el problema de la contaminación electromagnética. De ello se hizo eco el diario La Manyana. Es más, llegaría a asegurar que Telefónica había pirateado su ordenador para acceder a los estudios que realizaba. Lógicamente los responsables de la empresa intentaron que rectificara y le amenazaron con llevarle a los tribunales para lo cual enviaron un notario a su laboratorio con un requerimiento dándole 48 horas para rectificar esas declaraciones advirtiéndole de que una posible condena podría suponerle hasta dos años de prisión. Portolés, sin embargo, recogió las pruebas del sabotaje informático y se las remitió a la compañía. Telefónica, por supuesto, se calló y no cumplió su amenaza de ejercer acciones penales.

Parece obvio también que los responsables del Hospital Universitario La Fe, lejos de defender a sus trabajadores, actúan en defensa del lobby electromagnético. Lo demuestra que tras el incidente con Telefónica conminaron a Portolés a mantener una reunión con el gerente y el abogado del hospital... que finalmente no se celebró. El propio investigador lo explicaría durante un curso que dirigió en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): “Me citaron a una entrevista pero nunca se realizó. El curso estaba avalado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (así se llamaba entonces)y el de Sanidad. En otras ocasiones ha sido (la presión para entrevistarse cara a cara con lobbistas del sector) tras escribir algún artículo en la prensa”.

La presión sobre los investigadores por parte de la industria, de manera directa o a través de los cargos públicos que actúan como jefes de los primeros, no ha cesado durante los últimos años. Un informe realizado por encargo del Parlamento Europeo denominado Los efectos fisiológicos y medioambientales de la radiación electromagnética no ionizante advierte que, de forma sistemática, tienen mayor publicidad y repercusión las investigaciones científicas favorables a las tecnologías emisoras de ondas electromagnéticas que aquellas otras investigaciones ajenas a los intereses económicos de la industria.

Un buen ejemplo -citado por dicho trabajo- es la publicación de un estudio epidemiológico efectuado en Estados Unidos en el que se descubrió que había riesgo “estadísticamente significativo” para los usuarios de teléfonos móviles de padecer un tipo poco común de tumor en el cerebro -un neuroma epitelial- precisamente donde se produce la máxima penetración de radiación desde el móvil. Un descubrimiento que apenas fue difundido entre el público por los medios que prefirieron centrar la información en comunicar que no había incremento “global” de la incidencia de tumores cerebrales entre los usuarios de móviles.

El propio Parlamento Europeo ha denunciado ya que “el escepticismo de la gente se ve exacerbado aún más por los informes de la industria de telefonía móvil y sus intentos de ‘persuadir’a aquellos cuyos descubrimientos pudieran dañar el crecimiento del mercado hasta el punto de alterar realmente los resultados para hacerlos más ‘favorables al mercado’”.

UN LOBBY MUY FEROZ

Y aún hay más: un día, en la localidad cordobesa de Montilla, estaba ya todo preparado para que el doctor Gómez-Perretta diese una conferencia sobre telefonía móvil y sus efectos en la salud -invitado expresamente por el Ayuntamiento y la Plataforma Ciudadana para el Alejamiento de las Antenas de Telefonía Móvil- cuando muy poco antes de comenzar el acto llegaría un mensajero con una carta para el alcalde Antonio Carpio, de Izquierda Unida. La enviaba el director del Hospital Universitario La Fe de Valencia, Vicente Gil Suay, carta que previamente había ya enviado al responsable de Relaciones Externas del Comité de Desarrollo de Infraestructuras de Telecomunicación (CDIT) y a la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas (ANIEL) en la que están incluidas las compañías eléctricas y de telefonía móvil. En ella se reconocía que Gómez-Perretta trabajaba en el Centro de Investigaciones del hospital pero “aclaraba” que en el mismo no existía proyecto alguno de investigación ni sobre los campos electromagnéticos ni sobre la posible afección para la salud humana de la tecnología telefónica móvil. Quedaba con ello meridianamente claro que los responsables de ANIEL utilizaban en su seguimiento del “científico crítico” las informaciones que les mandaba la gerencia del citado centro hospitalario. Se trata pues de un ejemplo ilustrativo de cómo trabaja en equipo la industria y esa institución sanitaria pública.

Empero, Antonio Carpio se reuniría tras leerla con Gómez Perretta y la conferencia se dio a pesar de todo. Desde el hospital se explicaría luego que esa carta se envió en respuesta a la petición realizada por las operadoras de telefonía que querían saber si había alguna línea de investigación vinculada a los efectos de las frecuencias en la salud calificando lo sucedido como “un trámite habitual”. Agregando que en el hospital no había abierta en ese momento ninguna línea de investigación sobre el asunto... “por lo menos de manera oficial”.

Todo ello hizo necesario que el presidente de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud, José Luis Bardasano, acreditara que el doctor Claudio Gómez-Perretta formaba parte del equipo investigador de un proyecto aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología titulado Estudio epidemiológico de los efectos de los sistemas de telefonía móvil sobre la salud (nº FIT-07000C-2001-873).

A tenor de los hechos mencionados -y de muchos otros- parece claro que la operación de descrédito contra Gómez Perretta llevada a cabo por la industria y esa institución pública hospitalaria no constituyen un hecho aislado sino más bien un proceso de presión corporativa perfectamente diseñado y estructurado. Ya en otra ocasión los responsables de ese hospital impidieron que Gómez Perreta apareciera identificado ante las cámaras del programa Punt Dos de la televisión autonómica valenciana como investigador perteneciente al mismo y especialista en Neurobiología. Claudio Gómez Perreta afirmaría entonces públicamente: “Lamento la acción antidemocrática y poco educada del subdirector de ANIEL el cual se permite enviar cartas a los organizadores desacreditando a quien subscribe además de utilizar cartas muy pasadas de mi gerente hospitalario y adjuntar una lista de científicos que este señor autoriza en nombre de las operadoras para hablar de dichos temas”.

DESCRÉDITO SISTEMÁTICO

El descrédito sistemático de los científicos independientes españoles por parte del lobby electromagnético ha producido situaciones tan grotescas para la ciencia española como tener que pedir a investigadores de otros países que vinieran a avalar los trabajos de nuestros investigadores. Como comentamos al principio, un grupo de científicos valencianos -entre los que estaban Portolés y Gómez Perretta además de Navarro y Segura- publicó en la revista Electromagnetic Biology and Medicine un trabajo sobre la existencia en España del Síndrome de las Microondas. Y los resultados fueron demoledores. Así que se les intentó desprestigiar de inmediato. “La crítica al estudio no se hizo esperar –explicaría Portolés-. Sobre todo porque unos desconocidos en el tema, no epidemiólogos, habían sido capaces de diseñar una estrategia tan sencilla que llevara a semejantes conclusiones”.

Tan molestos ante el acoso de la industria se sintieron los científicos españoles que decidieron enviar sus datos a un epidemiólogo de fama internacional, el austriaco Gerd Oberfeld, quien aceptó volver a analizarlos e, incluso, viajó luego a España con su equipo para repetir las mediciones un año después. Y la sorpresa fue mayúscula porque se comprobó que los datos de contaminación en ese momento eran todavía más desfavorables para los vecinos que cuando los midió el equipo valenciano. “Enviar el trabajo a Oberfeld nació del poco crédito que se nos concedía en la sociedad al no ser epidemiólogos -explicaría Portolés, doctor en Ciencias Biológicas- así como por las críticas de las operadoras y del colegio de médicos”.

Se da asimismo la circunstancia de que en noviembre del 2002 Portolés codirigió el curso Tecnología y salud: física y biología de la telefonía móvil que se celebró en la Universidad Menéndez Pelayo. Pues bien, esa misma semana el Colegio de Médicos de Valencia contraprogramó un evento de similares características llevándose a la capital del Turia a Benedetto Terracini, miembro del Comité de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) y presidente del grupo de trabajo que elaboró el dictamen en el que se señala que no hay evidencia científica de la relación entre la exposición a ondas electromagnéticas y posibles efectos adversos para la salud. De hecho ese trabajo fue uno de los que presentó el Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de Telecomunicaciones (COINTE) -integrado por los fabricantes y operadores de telefonía (Amena/Orange, Ericsson, Nortel, Telefónica Móviles, Siemens yVodafone)- para contrarrestar la alarma social generada por los casos de cáncer infantil detectados en el Colegio Antonio García Quintana de Valladolid.

Lo que poca gente sabe es que Terracini fue uno de los encargados hace años de “estudiar” también el llamado Síndrome Tóxico cuyo origen sigue siendo controvertido aunque se achacara finalmente al aceite de colza porque es evidente que si muchos de los afectados no tomaron jamás ese aceite –y así lo juran aún años después- es imposible que la causa fuera el mismo por mucho que algunos jueces así lo decidieran enterrando la verdad en decenas de miles de kilos de papeles. Aunque lo más significativo es que ese “experto” epidemiólogo ¡nunca había publicado nada sobre electromagnetismo antes de hacerse cargo del trabajo que efectuó para la Unión Europea!. ¿Será que hay expertos en avalar lo que políticamente interesa avalar?

Cabe añadir que Manuel Portolés y Enrique Navarro, tras sus investigaciones científicas, han ofrecido multitud de conferencias sobre sus resultados. “Una la dimos en el local de la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncerde Valencia pero luego la asociación, a nivel estatal, afirmaría que con la contaminación electromagnética no pasa nada –nos diría Portolés-. Y lo mismo ocurre con asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)que si bien al principio apoyaron nuestro trabajo y los datos que del mismo se desprendían después su tesis fue de nuevo la de ’aquí no pasa nada’”.
Debo agregar que un reciente estudio efectuado por investigadores finlandeses que acaba de concluir demuestra que el uso de teléfonos móviles durante 10 años o más aumenta hasta un 40% la posibilidad de desarrollar un tumor cerebral -concretamente un glioma- en la zona de la cabeza en la que se coloca el aparato. Así lo ha reconocido Anssi Auvinen, epidemiólogo participante en el estudio que va a ser publicado en International Journal of Cancer. Se trata del segundo trabajo realizado hasta la fecha que confirma que ese riesgo es real. Lo que ha llevado a afirmar a Louis Slesin, editora del Microwaves News -un boletín de noticias norteamericano sobre salud y radiaciones- que se trata ya de “una evidencia de peso”.

Bueno, pues al peligro de las radiaciones emitidas por las torres de alta tensión, los centros de transformación, las antenas de telefonía, los teléfonos móviles, los inalámbricos y los hornos microondas se añade ahora el de las comunicaciones inalámbricas (WiFi). En el Reino Unido, por ejemplo, ya se han empezado a prohibir en determinados lugares, especialmente donde hay niños. En España ni se habla de ello.

UNAS DECLARACIONES REVELADORAS

El 8 de enero del 2002 el prestigioso espacio Documentos TV que dirige en La 2 de TVE Pedro Erquicia iba a emitir un reportaje con el título Contracorriente en el que se explicaban claramente los potenciales peligros para la salud de las líneas de alta tensión, las subestaciones y las antenas de telefonía móvil. Bueno, pues nunca llegó a emitirse. Fue censurado pese a que ya se había pagado y hoy se encuentra en un archivo de TVE con la leyenda Embargada su emisión según testigos de la propia cadena.

El documental -cuyas copias “pirata” han llegado a verse hasta en Nicaragua- recogía unas declaraciones de Javier Aguilera -en aquel entonces Consejero Delegado de Telefónica Móviles y hoy presidente de TPI Páginas Amarillas, filial de Telefónica- en las que éste reconocía sin ambages que la tecnología móvil es peligrosa para la salud. “Uno se muere por 38.000 cosas –explicaba sin tapujos Aguilera-. ¿Que ésta es una más? Mire, indiscutible. ¿Que es una más incluso para los que no usan la telefonía? Indiscutible. ¿Y que los que usan la telefonía móvil no debían tener este factor? Sin duda. Pero, ¡joder!, el mundo es como es. Es decir, a mí me gustaría no respirar el humo que echan los autobuses pero, ¿qué vamos a hacer? ¿No tener autobuses?”

Tan clarificadoras y rotundas declaraciones se produjeron tras la lógica alarma social que crearon los casos de cáncer de varios niños en los colegios García Quintana y Federico García Lorca de Valladolid, ubicados ambos muy cerca de una antena de telefonía.

Los responsables de las operadoras de telefonía negaron entonces que hubiera prueba alguna de esa conexión. Las palabras del entonces Consejero Delegado de Telefónica Móviles vergonzosamente ocultadas les han dejado en flagrante evidencia. Porque Aguilera llega a reconocer que las emisiones de la telefonía móvil pueden causar ¡hasta la muerte!

“Recibimos muchas llamadas de empresas implicadas en el trabajo que querían rectificar o matizar sus afirmaciones. Al final nos enteramos de que el responsable directo de que no se emitiera fue Alfredo Urdaci, en aquel momento director de informativos de TVE nombrado por el Gobierno del PP”, reconocería Pedro Barbadillo, director del documental al explicar por qué nunca se emitió. Meses después de la grabación del reportaje censurado una de las niñas del “caso Valladolid” murió de leucemia.

El documental, a día de hoy, sigue sin emitirse pese al cambio de Gobierno y del equipo directivo de TVE. Y es que el poder e influencia de las compañías de telefonía en los centros de poder político continúa intacta.

 

Miguel Jara

 

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